Los nombramientos de las y los titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos constitucionalmente autónomos del Estado fueron aprobados por mayoría del Pleno del Congreso del Estado, en sesión extraordinaria en la que también se aprobó una nueva Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público del Estado de Sonora y el Programa de Gestión Institucional 2022-2025 del Poder Legislativo.
Las y los ciudadanos que deberán rendir protesta de Ley ante el Congreso del Estado el 1° de agosto del presente, son: Fernanda Romo Gaxiola, para el OIC del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; Omar Alejandro Tiburcio Cruz, para el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF; Etsaú Vicuña Cadena, para el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ISTAI.
Para el OIC de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se votó por Andrea Escalante Antillón; para el Tribunal Estatal Electoral, Flor Teresita Barceló Noriega; para el Tribunal de Justicia Administrativa, Edgard Acuña Solís; y para la Fiscalía General de Justicia del Estado, Nora María Valenzuela Quijada.
A nombre de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, la diputada Ernestina Castro Valenzuela presentó al Pleno la iniciativa con punto de Acuerdo, la cual se fundamenta en la fracción XV del Artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Sonora y en apego a lo dispuesto en la base séptima de la convocatoria pública para designar a las o los ciudadanos que habrán de ocupar los cargos de titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos constitucionalmente autónomos.
Fueron 51 ciudadanos los que se registraron para participar en el proceso de selección, a quienes los integrantes de la CRICP entrevistaron los días 27 y 28 de junio, a efecto de conocer sus trayectorias profesionales y proyectos de trabajo para el o los organismos a los que deseaban pertenecer.
La presidenta de la mesa directiva, diputada Natalia Rivera Grijalva, sometió a votación las siete propuestas de tres ciudadanos cada y más de la mitad más uno de los integrantes del Pleno votó por el primero de cada terna, por lo que no fue necesario votar por el resto de los aspirantes.
El Acuerdo establece que los titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos constitucionalmente autónomos deberán rendir protesta de Ley ante el Congreso del Estado el 1° de agosto del presente y durarán en su encargo cuatro años.
En esta sesión extraordinaria del Pleno se aprobó por mayoría una nueva Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público del Estado de Sonora, cuyo dictamen fue presentado por la Comisión de Hacienda, que estudió la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo estatal el pasado 18 de mayo.
De acuerdo a la parte de los considerandos del dictamen, en el Estado se cuenta con una Ley específica en el tema, denominada: Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles de la administración pública estatal, normativa que data del año 1988 y ha sido reformada en escasas ocasiones, la última en 2017.
Agrega que es preocupante que la última reforma considerable que tuvo la normatividad local en materia de adquisiciones fue en 2010, en un tiempo en el que existía un contexto diferente en cuanto a rendición de cuentas, por lo cual resulta insuficiente para acabar con las malas prácticas en el ejercicio de los recursos públicos, que han sido duramente reprochadas por la sociedad.
“La iniciativa que es materia del presente dictamen nos ofrece la aprobación de una nueva Ley que nos parece positiva y recomendamos ampliamente que sea aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo, homologando sus disposiciones al marco jurídico federal, además de establecer nuevos lineamientos que atiendan plenamente los ideales consagrados en las constituciones Federal y local”, establece uno de los considerandos.
Pero sobre todo, que establezca mejores condiciones para garantizar los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, para que sean acordes a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que deben regir esta materia, destaca.
La Ley, que fue aprobada por mayoría, consta de 96 artículos divididos en siete títulos: Disposiciones generales; Comité Central de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; De los procedimientos de contratación; De los contratos; De la información y verificación; De las infracciones y sanciones; y De la solución de las controversias.
