Entre ausencias de legisladores de oposición, el pleno del Senado le tomó protesta a Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La primera integrante del máximo tribunal designada por el Presidente de la República en 106 años, ofreció regresar a la Tesorería de la Federación el excedente de las remuneraciones que le paguen en su nuevo encargo.
En la exposición que hizo ante el pleno la madrugada del jueves, antes de las dos rondas de votación en las que la oposición rechazó la terna enviada por el Ejecutivo federal para ocupar la vacante que dejó Arturo Zaldívar, dijo apostar por una reforma judicial que permita a los ciudadanos elegir a los ministros mediante voto directo, además de castigar a los jueces por encarcelar o liberar personas de manera injustificada.
Luego de criticar al Poder Judicial de la Federación al considerar que está lejos del pueblo, agregó que buscará que se les retiren asuntos ante conflictos de interés o conducta dudosa, e implementarles controles financieros, como la realización de auditorías.
Aunque al final no alcanzó los 81 votos necesarios para ser designada por el Senado, Lenia Batres superó en las dos rondas a sus compañeras de terna, Bertha Alcalde y María Eréndira Cruz.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, designó a Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el pleno del Senado le tomó protesta del cargo, que asumió con el ofrecimiento de regresar a la Tesorería de la Federación el excedente de remuneraciones que le paguen en su nuevo encargo.
Lenia Batres informó al Senado que apuesta por el impulso de una reforma judicial que permita a los ciudadanos elegir a los ministros de la Corte con el voto directo, se limite el actuar de los ministros y se castigue a los jueces que encarcelan o liberan a personas; “la obligación de reparación de daños ante el encarcelamiento o liberación de personas de manera injustificada, retiro de asuntos por conflictos de interés o conducta dudosa y control financiero como la realización de auditorías”, dijo.
La madrugada de ayer, el pleno del Senado rechazó la segunda terna enviada por el Presidente para ocupar la vacante que dejó Arturo Zaldívar.
Hubo un total de 121 votos depositados en la urna transparente. Los ausentes fueron el priista Carlos Aceves; los panistas Víctor Fuentes y Minerva Hernández; la morenista Ifigenia Martínez; la emecista Indira Kempis, y Lucía Meza, legisladora sin grupo parlamentario.
De los 121 votos posibles, la mayoría calificada se formaba con 81 votos, pero en la primera ronda Bertha Alcalde obtuvo 29 apoyos; Lenia Batres, 33, y Eréndira Cruz, 12, mientras uno fue nulo y 46 en contra. En la segunda ronda Bertha Alcalde logró 16 votos; Lenia Batres aumentó a 54 y Eréndira Cruz se quedó en dos; los nulos fueron tres y 46 fueron votos en contra.
Así, por primera vez en 106 años, el Presidente decidió a la nueva ministra, sin la participación del Poder Legislativo.
A las 11:45 de ayer, se decidió por Batres, pero, al ser la primera vez que un Presidente nombra directamente a la ministra, hubo confusión de dónde debía rendir protesta, dado que el Senado no la avaló; a final de cuentas, Morena decidió que lo hiciera frente al pleno del Senado, que se observó con numerosas ausencias de legisladores de oposición.
Durante la madrugada, en la exposición que hizo frente al pleno, Batres criticó al Poder Judicial, porque está lejos del pueblo y sus integrantes incurren en excesos, como el no respetar la disposición constitucional de ganar menos que el Presidente.
Como se me preguntó expresamente, hago constar, que, si fuera el caso de ser nombrada por esta soberanía como ministra de la Suprema Corte y se me asignara una remuneración inconstitucional, inmediatamente devolvería a la Tesorería de la Federación el indebido excedente”, dijo.
Expresó su deseo de que el Poder Judicial sea reformado: “Debe revisarse la forma de designación de ministros y ministras, con la posibilidad de que sean electos popularmente. Las personas juzgadoras son servidoras públicas, deben responder a las necesidades populares; es decir, a la democracia y desecharse de una vez por todas el injustificado dogma que le asigna cualquier otra función.
Por eso, tienen que someterse a control administrativo como la rendición de cuentas y la transparencia, sanciones por rezago en sus resoluciones, control político como la presentación de comparecencias o informes”, aseguró.
Planteó que “por ejemplo, ante el Congreso, control jurisdiccional, con sanciones en caso de corrupción o prevaricato, límites en el alcance de sus interpretaciones, obligación de reparación de daños ante el encarcelamiento o liberación de personas de manera injustificada, retiro de asuntos por conflictos de interés o conducta dudosa y control financiero como la realización de auditorías”.
(Fuente: https://www.excelsior.com.mx/nacional/auditorias-a-jueces-apuesta-de-batres-plantea-aplicarles-controles-financieros/1625473)
